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El acceso al crédito para las pymes es un tema de indiscutible interés social. Sin embargo, su discusión pública transita entre el voluntarismo político, la ausencia de datos y, por qué no, el folklore económico. En esta breve nota me propongo rescatar los resultados de un reciente trabajo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata sobre el crédito a las pymes en Argentina.

Cuando al inicio hablaba de folklore (según recuerdo de la escuela primaria, “saber del pueblo”), me refería a tres nociones que, de tan repetidas, se han convertido en axiomas:

1) Las pymes cuentan con excelentes proyectos de inversión y necesitan desesperadamente crédito para llevarlos adelante, pero los bancos les imponen condiciones inaceptables de tasa, garantía y plazo.

2) Estos problemas nacen del mal funcionamiento del mercado financiero, en particular la escasa información financiera sobre las pymes y los altos costos administrativos de la evaluación y monitoreo de estos préstamos. Ante ello, se hace perentoria la intervención estatal para reparar tales fallas.

3) En virtud del impacto de las pymes sobre el empleo y el combate sobre la pobreza, toda acción en este campo está destinada a generar un notable beneficio social neto.

El estudio citado no cuestiona estas nociones, pero sí relativiza su real grado y alcance. En particular, apelando a datos sobre financiamiento a las pymes en Argentina y el mundo, se demuestra que:

1) Muchas pymes no tienen demanda por crédito y, dentro de las que tienen demanda, no todas poseen una adecuada capacidad y voluntad de pago.

2) El Estado no ha logrado revertir los problemas del crédito para las pymes, y para hacerlo en el futuro deberá revisarse profundamente el diseño de los programas públicos.

3) Aun reconociendo la incidencia positiva de las pymes sobre el empleo y el bienestar social, la política de asistencia crediticia al sector debería mantenerse estrictamente separada de la política de asistencia social.

Para sustentar la primera afirmación, podemos citar resultados de la encuesta periódica del Observatorio Pyme de la UIA, sobre una muestra representativa de 1.000 pymes industriales: apenas el 33% de las pymes solicitan un préstamo. Del 67% restante, el 76% declara no tener necesidad o preferir operar con recursos propios, y sólo el 24% considera que las condiciones de acceso (trámites, tasa, etc.) desalientan el endeudamiento.

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La baja demanda de crédito es un fenómeno muy extendido en todo el mundo, tanto entre empresas chicas como en grandes corporaciones. Los motivos de esta renuencia al endeudamiento no deberían causar ninguna sorpresa: además de su alto costo, toda deuda implica un mayor riesgo de quiebra, la posibilidad de no renovación de la línea y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Para la mayoría de los empresarios, la deuda es un recurso en última instancia una vez que se agotan los fondos propios. En Argentina, más del 90% de las inversiones empresarias (sin importar el tamaño de la empresa) se financia con ganancias retenidas. La anémica demanda también se refleja en el balance del sistema bancario: por cada 100 pesos de capacidad prestable, apenas 17 pesos se destinan al crédito empresario. El resto se vuelca al crédito de consumo, el mantenimiento de altos colchones de liquidez y la compra de títulos públicos.

La realidad es que ni la banca pública ni los subsidios y garantías estatales a préstamos privados han logrado reparar las fallas del mercado de crédito en Argentina. Desafortunadamente, existe escasa información sobre los criterios de selección y rechazo de postulantes y sobre la evaluación del impacto sobre el empleo y la producción.

CREDITO NO ES SUBSIDIO

Nuestro tercer y último argumento se refería a la necesidad de separar en forma tajante la asistencia crediticia de la asistencia social. El apoyo crediticio es bienvenido como un mecanismo para sortear las fallas del mercado financiero, pero lleva implícito el supuesto de que los beneficiarios tienen la capacidad y voluntad de reembolsar el préstamo. La asistencia social, por buenas razones, no se basa en este principio de contraprestación por parte del beneficiario. En otras palabras, a un empresario se le podría facilitar el acceso al crédito siempre que el costo del subsidio sea menor al beneficio social del mayor empleo y producción generados por ese crédito. Pero sería muy injusto para el resto de la sociedad concederle un subsidio a quien, se supone, no tiene necesidades básicas insatisfechas. A pesar de ello, en Argentina, así como en otros países en desarrollo, los encargados de política suelen confundir ambas ventanillas, estableciendo requisitos y controles poco rigurosos sobre los beneficiarios de los programas de asistencia financiera.

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Ahora bien, la pregunta que surge naturalmente es: al final de cuentas, ¿es tan perjudicial para la sociedad que no se tengan en cuenta los hechos antes citados? La respuesta es la siguiente:

1) Si se cree ciegamente que la mayoría de las pymes desean crédito y tienen buenos proyectos en que aplicar esos recursos, se hará una mala selección de aspirantes, eligiéndolos al azar o en base a criterios poco transparentes. Por ende, será casi inevitable que buena parte del dinero termine en manos de empresarios oportunistas, sin intenciones de repagar la deuda ni de incrementar el empleo o la producción.

2) Si el Estado no cumple a conciencia su rol, haciendo lo que el sector privado no hace correctamente y dando cuenta a la sociedad de los resultados alcanzados, los problemas crediticios de las pymes continuarán o se agravarán en el futuro. En definitiva, se derrocharán recursos (los impuestos que pagan los contribuyentes) sin que mejore el bienestar social.

3) Si se confunde al crédito con un mero subsidio, los programas atraerán en primer lugar a los peores proyectos y a los empresarios menos honestos, que buscarán beneficiarse de la falta de castigo a los deudores morosos. Además de la inequidad que implica subsidiar a quien no lo necesita, hay un argumento todavía más potente para procurar un alto cumplimiento por parte de los deudores: si los préstamos no se repagan, existe un grave riesgo de que el programa agote sus recursos y deba ser suspendido al poco tiempo de iniciado, privando a muchos futuros emprendedores del financiamiento necesario para poner en marcha su negocio.

Como conclusión, la principal lección del estudio es que deberíamos confiar más en la recolección y análisis de datos objetivos, y despojarnos de las ideas que, aunque intuitivas y fáciles de digerir, no están sustentadas por ninguna evidencia firme. A esto nos referíamos cuando hablábamos de folklore económico. Pero el cambio no será fácil: a todo folclorista que se precie le gusta la guitarra.

Por RICARDO BEBCZUK  Departamento de Economía de Economía y CEDLAS (UNLP)

 

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Comentarios (1)

  1. Jill Patton dice:

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