por Ines Malgor

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Un espacio para aprender que no es necesario ser una empresa grande para ser una Gran Empresa
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El acceso a la financiación bancaria es uno de los mayores obstáculos con que se ha encontrado siempre la pyme. Y más en épocas como la actual, de restricción en la concesión de créditos y endurecimiento de sus condiciones, tanto económicas como de garantías. Y si para una pequeña o mediana empresa en funcionamiento es muy difícil y caro financiarse, en su primera etapa, cuando sólo es una idea o está iniciando su actividad, es tarea casi imposible.

Sin una trayectoria que analizar y con unos emprendedores en general sin demasiada experiencia, las empresas que comienzan su andadura cuentan únicamente con un proyecto como aval. Así que, en principio, el límite de su financiación viene a coincidir con la capacidad de endeudamiento personal de sus promotores, lo que en muchos casos -especialmente en empresas que requieren una alta inversión inicial o un período dilatado de maduración- acaba truncando el proyecto.

Una alternativa poco conocida para superar estas dificultades es la de encontrar un «business angel». El «business angel» es un particular proveniente del mundo de los negocios, que confía en un proyecto y decide invertir en él, no sólo aportando dinero, sino en muchos casos sus conocimientos, su experiencia y sus contactos, con el objeto de obtener una rentabilidad futura. Por esa razón suele decirse que el suyo es un «capital inteligente», pues se involucra en la marcha de la empresa, tanto a nivel estratégico como de gestión. La inversión que realiza, participando en el capital social (siempre en una posición minoritaria), oscila entre los 25.000 y los 250.000 euros, por un plazo habitualmente no superior a seis años, en sectores que le son conocidos, donde su trayectoria y sus relaciones pueden ser de mayor utilidad. Además, la implicación de un «business angel» en un proyecto facilita su posterior acceso a otras formas de financiación, porque supone el refrendo de un inversor experto.

La de los «business angels» es una figura muy activa en el mundo anglosajón (empresas como Google, Amazon o The Body Shop comenzaron su andadura gracias al apoyo de un «angel»), que en los últimos años ha ido cobrando en la Europa continental una relevancia cada vez mayor. De hecho, la Unión Europea, consciente de su valor como fuente de financiación alternativa, la ha incluido en el programa marco para la competitividad y la innovación de la Comisión Europea para el período 2007-2013. En España, sin embargo, los sucesivos gobiernos no le han concedido toda la atención que merece.

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Cabe considerar a los «business angels» como una modalidad «informal» de capital riesgo, si bien las diferencias con las sociedades y los fondos de capital riesgo son grandes. Por un lado, éstas invierten con preferencia en empresas consolidadas que necesitan financiación por motivos relacionados con fases de expansión o de reestructuración, así como de reemplazo en el capital social (por esa razón, en el momento en el que el «angel» desinvierte, la alternativa de financiación pasa a ser, con frecuencia, una entidad de capital riesgo); el «business angel» suele hacerlo en proyectos empresariales (capital semilla) o en empresas que comienzan su actividad (capital de inicio). Además, las entidades de capital riesgo suelen interesarse en operaciones superiores a los 500.000 euros, mientras que los «angels», como hemos dicho, no suelen pasar de los 250.000.

Por otro, si bien las entidades de capital riesgo están reguladas por la ley 25/2005, de 24 de noviembre, la inversión «informal» no está sujeta a ninguna regulación, ni a ningún control de organismos públicos o privados. Es, sin duda, una de las cuestiones que más urgentemente deben resolverse para generar en los inversores privados un sentimiento de protección legal y confianza.

De hecho, aunque algunos países europeos cuentan ya con una normativa al respecto, España carece de ella, así como de regulación fiscal específica que incentive esta modalidad de financiación.

Aunque los «angels» ya comenzaron a operar en nuestro país a fines de los noventa, hasta el año 2005 no se presentaron iniciativas parlamentarias que reconociesen su importancia. En una fecha más tardía, la disposición adicional tercera de la ley 4/2008 establecía que «el Gobierno analizará las fórmulas que existen en el derecho comparado para fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas y el apoyo a los emprendedores, y que responden a la denominación de “business angels”, con el objeto de estudiar su viabilidad en España y, en su caso, el régimen jurídico y fiscal que les resultaría de aplicación».

En 2009, la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso, en su sesión del 22 de abril, aprobó con modificaciones una proposición no de ley de regulación de los «business angels» como instrumento de potenciación de la innovación, presentada por CiU. Y el 29 de junio de 2011, el Partido Popular presentó a la Mesa del Congreso una proposición de ley de apoyo a emprendedores, cuyo capítulo III se refería a «La regulación de los inversores privados informales, capital riesgo informal o “business angel”», pero a día de hoy la ley de emprendedores se encuentra en vía muerta y, con ella, la normalización de la financiación informal.

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En algunas comunidades autónomas esta figura ha tenido mejor fortuna. En el País Vasco, la ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa dedica su capítulo V a los inversores privados de carácter informal. Bastante más escuetas son las referencias en la ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes de Castilla-La Mancha o en la ley 2/2012, de 4 de abril, de Apoyo a los Emprendedores y las Emprendedoras y a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de las Islas Baleares.

El canal más habitual por el que entran en contacto emprendedores y «angels» suelen ser las redes o asociaciones de «business angels», que funcionan como intermediarias entre los emprendedores necesitados de capital y los inversores potencialmente interesados en financiarlos. La primera red de España surgió en Cataluña en 2002; actualmente están operativas veintiséis, establecidas en once comunidades autónomas, en las que participan casi cuatrocientos inversores que en 2011, según datos de la Asociación Nacional de Business Angels, movilizaron recursos por valor de veinte millones de euros. En Asturias, promovida por FADE, el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), opera una de estas redes: ASBAN.

Autora Ines Malgor

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